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Vicente Sánchez Jiménez, secretario general CCOO de Construcción y Servicios y vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción

El pasado mes de marzo se presentó el Plan de Vivienda para el período 2018 a 2021. Aunque el Gobierno insiste en que su propuesta está repleta de medidas destinadas a los colectivos más vulnerables, como son los jóvenes y los mayores, una lectura entre líneas podría indicarnos otras pretensiones. A falta de que las ayudas se concreten y las pongan en marcha las propias Comunidades Autónomas, se hace necesario pararse a analizar las propuestas realizadas tanto en la compra y alquiler de viviendas, como en la política de rehabilitación.

Empezando por el capítulo referente a la compra de vivienda, según el propio Gobierno, con el objetivo de abordar la despoblación en los núcleos rurales se va a destinar una partida para ayudar a los jóvenes a adquirir viviendas exclusivamente en municipios de menos de 5.000 habitantes. Salta a la vista que de nada sirve esta iniciativa si además no se dotan estas localidades de infraestructuras de transporte, salud, educación, empleo, etc para que sean realmente habitables. Por lo tanto, esta primera línea de actuación se muestra insuficiente para lograr la tan ansiada repoblación en regiones tan desbastadas por los procesos migratorios como es el caso de Castilla y León. Es más, puestos a observar con más detenimiento esta iniciativa, se podría llegar a la conclusión que la misma solo busca liberar de activos inmobiliarios a las entidades financieras en aquellas poblaciones donde difícilmente van a poder deshacerse de las mismas de no ser con algún tipo de incentivo al comprador. Si esto fuese así, supondría un nuevo rescate a la banca de forma indirecta para eliminar los “productos tóxicos”, a través de los impuestos del contribuyente.

Añadida a esta iniciativa de compra de vivienda, de previsible fracaso para el objetivo público que se nos traslada -quizá no el que se persigue-, encontramos las propuestas de ayudas al alquiler. En este sentido, estás subvenciones finalistas pueden llegar al 50% del importe de las rentas para el caso de los jóvenes y de los mayores de 65 años, el 40% para el resto de segmentos de la población, siendo el máximo financiable de alquiler mensual de 600 euros, llegando a 900 euros en municipios con alta demanda, como Madrid o Barcelona.

Es lógico pensar que en términos generales no se conozcan los elementos básicos de funcionamiento de un mercado libre, pero cualquiera puede saber que si algo se puede intercambiar a una cantidad mayor y sacar un beneficio superior, nadie lo haría por menos para perder parte de sus hipotéticos ingresos. Pues bien, precisamente en las dos ciudades citadas se estima que los arrendamientos han aumentado de manera constante en los últimos cuatros años, hasta llegar a un 48% en Barcelona y un 28% en Madrid, mientras que los sueldos se han mantenido o directamente han perdido poder adquisitivo. Es aquí donde comprobamos de nuevo como una medida que se traslada por parte del Gobierno para un fin, da la sensación que va orientada en otro sentido, pues esta especie de inflación pública previsiblemente provocará una nueva escalada de precios en el mercado, que no beneficiará al inquilino sino que parece más diseñada para ganancia del rentista.

En lo que respecta al tercer término al que hacíamos referente, la rehabilitación, encontramos en el Plan la ampliación del parque a aquellas viviendas construidas antes de 1996, a la vez que se extiende de tres a cinco años el tiempo para terminar las obras. Esta medida es muy positiva, de no ser porque los requisitos de acceso son tan exigentes que se convierten en inaccesibles para la mayoría de las familias que residen en este tipo de viviendas.

Vistas así las cosas parece claro que las iniciativas en vivienda con respecto a la compra, alquiler y rehabilitación no van a solucionar los problemas de calidad y acceso para el conjunto de la población, ni siquiera de los colectivos más desfavorecidos, volviendo a dar esquinazo al principio constituyente de nuestra democracia.

Entre otras soluciones, desde CCOO proponemos un derecho a la vivienda al servicio de la ciudadanía, mediante la construcción de parques de viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler. De esta forma, tanto la construcción como su posterior mantenimiento se realizarían con un modelo similar al de otro tipo de contrataciones públicas. Ello permitiría que el precio de la vivienda, así como el alquiler, estuviera en parámetros equilibrados a la renta de las familias, no produciéndose escaladas de incremento de los precios que asfixian al conjunto de la población. Además, conllevaría la sostenibilidad de proyectos empresariales responsables, por cuanto la obtención del beneficio recaería tanto en la fase de construcción como en el mantenimiento y rehabilitación de lo edificado, así como a la estabilidad del empleo asalariado de calidad y la cualificación permanente de sus trabajadores.