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La aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 nos ha dejado un sabor de boca agridulce. Lejos de las grandes declaraciones de principios, con cuya letra y música todos podemos estar de acuerdo, lo cierto es que para que un Plan de esta envergadura funcione y sea útil a los ciudadanos y ciudadanas es necesario dotarlo de un presupuesto capaz de hacer frente a los numerosos objetivos expuestos en el papel. Y aquí es donde el Plan hace aguas por todas partes.

Para empezar, consideramos inquietante que, a fecha de hoy, todavía desconozcamos la efectividad del Plan 2013-2016 (prorrogado para 2017). De conocerlo, habríamos tenido una idea inequívoca de las necesidades de nuestros ciudadanos en materia de vivienda, lo que nos habría permitido profundizar en los aspectos positivos y focalizar el alcance de las nuevas medidas en las carencias detectadas. Esto podría haberse evitado si el Gobierno hubiera permitido la participación de los agentes sociales del sector en la elaboración conjunta de los Planes de vivienda y en los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de los que, el actual Plan, sigue careciendo. La opinión del sector sigue siendo la gran ausente en la política de vivienda de este Gobierno.

A falta de conocer su contenido final, creemos que no es de recibo que la dotación del Plan sea de tan solo 1.443 millones de euros para los cuatro años de vigencia, una cantidad irrisoria que además hay que repartir entre los 9 programas incluidos en el Plan y a los que hay que restar las anualidades subsidiarias de los préstamos concedidos en planes anteriores. Si el Gobierno se cree realmente los objetivos del Plan debe aprovechar tanto su trámite parlamentario (al que el sector va a presentar sus propuestas) como el periodo de negociación previo a la aprobación los Presupuestos Generales del Estado 2018 para mejorar la dotación económica inicial y dar un cumplimiento eficaz a todos sus objetivos.

Coincidimos, de manera positiva, en los programas “sociales” sobre los que va a actuar el Plan: menores de 35 años, personas mayores, fomento de parques públicos de viviendas en alquiler y soluciones a la accesibilidad en las viviendas. Dicho esto, creemos que se queda corto y deja fuera a colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género, población extranjera, familias con todos o parte de sus miembros en situación de desempleo, etc.

El Plan no resuelve los problemas de acceso a la compra de vivienda con propuestas públicas, que podrían haber ido por el lado de la rehabilitación, nuevamente la gran olvidada en los planes del Gobierno, que sólo la incorpora en programas relacionados con la eficiencia energética.

Con relación a los programas específicos para la mejora de las viviendas, UGT FICA presentó en 2010 la iniciativa una “Estrategia de Estado sobre Rehabilitación”, que entregó a empresarios, partidos políticos, gobierno e instituciones, para trabajar conjuntamente por la recuperación del sector de la construcción y la economía. Desde entonces se han producido avances en materia de rehabilitación, aunque han tenido escasa efectividad, fundamentalmente por la falta de voluntad política del Gobierno. Por ello, desde el sector debemos seguir defendiendo la iniciativa y la necesidad de alcanzar una Estrategia de Estado que materialice la cooperación política y social, y aúne esfuerzos para desarrollar medidas que impulsen la recuperación económica y la creación de empleo.

Según fuentes oficiales y propias, por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se generan 55 empleos, y cada vivienda en proceso de rehabilitación conlleva una media 3 puestos de trabajo.

La situación del parque de viviendas en España justifica una Estrategia de estas características. De hecho, el 16,7% de la población española reside en viviendas con problemas de conservación. Además, 1,8 millones de viviendas se encuentran en estado ruinoso, malo o deficiente, el 64% de las viviendas tiene problemas de accesibilidad, y el 84% de los edificios son energéticamente ineficientes. Estos datos justifican la necesidad de la Estrategia de Estado con una dotación presupuestaria suficiente, que abarque a todo el territorio y prolongada en el tiempo al margen de quien gobierne.

En definitiva, consideramos que el sector de la construcción necesita más dotación presupuestaria y más inversiones que el actual Plan Estatal, ya que en las actuales condiciones es claramente insuficiente para solucionar los problemas de acceso a la vivienda. Además de no incorporar el impacto económico y presupuestario suficiente, crucial para el éxito del Plan, sigue sin apostar decididamente por la rehabilitación como estrategia de Estado para relanzar al sector de la construcción.