Pedro Fernández Alén, presidente de la Construcción (CNC) y presidente de la Fundación Laboral de la Construcción
No es que el sector de la construcción pueda compararse con un gigante que camina con pies de barro, pero sí conviene alertar sobre algunas amenazas que podrían romper uno de los principales motores para la recuperación económica de España. Y todo como consecuencia de las últimas medidas remitidas por el Gobierno a los agentes sociales de cara a la reforma laboral, entre las que tan desacertadamente se encuentra la eliminación del contrato fijo de obra.
Acabar con esta modalidad contractual tendría efectos devastadores tanto en nuestro sector como, por tanto, en el conjunto de la economía, por mucho que se pretenda priorizar el contrato fijo discontinuo, ignorando equivocadamente las particularidades de la construcción, así como la regulación específica y autónoma de nuestro sector, que quedaría damnificado, especialmente en las pymes.
Y es que eliminar el contrato fijo de obra obligaría a miles de trabajadores a convertirse en autónomos forzados ante el elevado incremento de los costes a asumir por muchos pequeños empresarios. En otras palabras, constituiría el forzado empuje hacia la “autonomización” del sector de la construcción.
Al margen de estas tremendas consecuencias, merece la pena recordar que el contrato fijo de obra nació como una modalidad contractual adaptada a las particularidades de nuestro sector y, sobre todo, consensuada entre los trabajadores y los empresarios.
Así pues, su eliminación iría en contra del diálogo social bipartito sectorial con el que se proclamó el artículo 24.1 del VI Convenio General del Sector de la Construcción por la habilitación de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector; figura que además, a lo largo de los años, ha contado con una conflictividad prácticamente nula en los juzgados y que pone de manifiesto su aceptación y buen uso.
Para más complicación, acabar con este contrato dispararía los despidos objetivos y reduciría las indemnizaciones habituales que reciben los trabajadores, que son de más de 25 días por año, lo que en última instancia dañaría el empleo y aumentaría significativamente la conflictividad social.
Y todo ello en un momento tan atípico y crítico como el actual, ante la inminente llegada de los fondos europeos, en torno a cuya asignación y ejecución cobra un especial protagonismo nuestro sector: falto de mano de obra y amenazado por una medida que, en definitiva, podría debilitar los pies de un sector que caminaría peligrosamente hacia su “autonomización”.
